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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de convertir en botiquines oficinas de farmacia ubicadas en localidades de menos de 400 habitantes, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la elaboración del nuevo baremo autonómico que ya se prepara.

Sería una idea muy similar a la extremeña (ver información inferior), que ya contó CF en exclusiva, sólo que reduciendo el criterio en 100 habitantes, y por el mismo motivo: garantizar la rentabilidad de las farmacias para no perder calidad en el servicio.

Sin embargo, el caso andaluz se encuentra con un problema añadido y es que la Ley de Farmacia (ver CF del 14-I-2008) establece en su artículo 36.2 que para asegurar que la población a la que un farmacéutico venía prestando asistencia farmacéutica no queda desatendida "la autorización de funcionamiento de la nueva oficina de farmacia quedará condicionada a la entrada en funcionamiento de otra oficina de farmacia en el municipio o núcleo donde, hasta ese momento, hubiese estado abierta la anterior oficina".

En este sentido, fuentes del Consejo Andaluz de COF aseguran que la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que buscar una fórmula que, sin cambiar la ley, les permita llevar a cabo la transformación paulatina de farmacias de núcleos pequeños en botiquines.

En más autonomías
El paso que pretende dar Andalucía y que está ultimando Extremadura podría extenderse como la pólvora entre el resto de autonomías.

Ya colegios de farmacéuticos informaron a CF de que lo estudian, y la posible extensión vendría de la mano de farmacéuticos rurales. COF de Castilla-La Mancha y Castilla y León, por ejemplo, se lo plantean seriamente.

Por otro lado, CF ha tenido acceso a un primer borrador del nuevo baremo que marcará la adjudicación de nuevas farmacias en Andalucía, donde no hay concurso desde el Decreto 353/2003 de Planificación Farmacéutica, que fue anulado por el Supremo por primar el ejercicio en oficina de farmacia sobre la experiencia en puestos públicos (ver CF del 7-V-2007). Se esperan en la comunidad las nuevas aperturas como agua de mayo, aunque las fuentes consultadas apuntan a que las casi trescientas nuevas aperturas anunciadas por la Junta no saldrán de golpe. Asimismo, el SAS casi con toda probabilidad no sacará las que están recurridas por la vía contencioso-administrativa, tras la anulación de la orden de 2003.

Primeros pasos
Así, el documento plantea que el ejercicio profesional supondrá la mitad de la puntuación y, dentro de este apartado, la Administración andaluza ha querido equilibrar los puntos otorgados a la experiencia en botica con el ejercicio en hospitales o atención primaria, para ser coherentes con la citada sentencia del Supremo. Se plantea dar 50 puntos como máximo por labores en botica durante 10 años, mientras que a los farmacéuticos del SAS se les dará como máximo 45 puntos.

El 30 por ciento de los puntos se los llevaría el expediente académico, y la formación posgraduada, el 20 por ciento restante. Los colegios andaluces quieren negociar estas proporciones y aumentar hasta un 60 por ciento los puntos por experiencia y reducir el expediente al 20 por ciento, aunque aún no hay fecha para la próxima reunión.

Propone el SAS, dentro de la formación de tercer ciclo, dar seis puntos como máximo a los cursos relacionados con la atención farmacéutica y cuatro, también como máximo, a los trabajos relacionados con la oficina de farmacia o la AF, una puntuación que se antoja escasa, si se observa que en la exposición de motivos de la Ley de Farmacia de Andalucía se propone la AF como "un derecho de los pacientes".

Extremadura, precursora de la iniciativa
Extremadura fue la primera en anunciar que, previamente a la próxima adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, abrirá un concurso de promoción que permitirá convertir en botiquines algunas de las farmacias rurales, ubicadas en poblaciones de menos de 500 habitantes, y así fomentar la carrera profesional de sus titulares. La iniciativa extremeña ha sido catalogada por profesionales y economistas como una buena medida, que no sólo no restará calidad a la atención sanitaria, sino que favorecerá la promoción interna dentro de la profesión y garantizará la rentabilidad de las boticas en entornos desfavorecidos.

El presidente del COF de Cáceres, Pedro Claros, apuntó que esta medida evitará "un empobrecimiento del sector", y su homólogo en Badajoz, Cecilio Venegas, defendió la iniciativa argumentando que, a la vez que "se desplaza a un boticario rural al medio urbano y se le dota de más servicios", se le está dando "ese botiquín a otro farmacéutico de la zona para que pueda ampliar su área de trabajo y su volumen de clientes". Desde el principio se ha hecho hincapié en que no se pretende eliminar servicios farmacéuticos, puesto que un botiquín también debe dar un buen servicio, aunque se sabe que es una medida rechazada por los ayuntamientos, porque la ven como impopular.