Los colegios oficiales de farmacéuticos canarios, la patronal y los titulares de las 83 farmacias adjudicadas en el concurso de 2001 mantienen "esperanzas" de que no tengan que cerrarse estos establecimientos una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del mismo al ratificar la sentencia que emitió en ese sentido en 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un cierre de locales que, en el peor de los casos, podría aumentar -aunque las cifras varían según las fuentes consultadas- a varios centenares de establecimientos, ya que la nulidad del concurso de 2001 también arrastraría a otras 115 boticas que pendientes de resolver su adjudicación concursal, convocada en 2007, y que ahora podría quedar anulada "de facto".
La confianza que manifiesta la farmacia canaria se sustenta en varias vías. La principal: el mensaje de tranquilidad que transmite la Consejería de Sanidad autonómica a los afectados. En este sentido, según Carlos Muñoz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, provincia en la que están ubicadas aproximadamente el 50 por ciento de las farmacias afectadas, las autoridades sanitarias han comunicado que "trabajan para encontrar una solución al respecto".
Una solución que parece tener un solo camino: considerar la sentencia "inejecutable en la actualidad", al estar estas boticas instalados y en normal funcionamiento, e indemnizar al demandante, el catedrático de la Facultad de Farmacia de La Laguna, Carlos Blesa, que, por cierto, finalmente consiguió uno de los 83 locales que se pusieron en juego. En este punto, sería el Tribunal Supremo quien fijase la indemnización, aunque existe la posibilidad de llegar a un acuerdo económico previo entre ambos y que Blesa ejerciese su derecho a solicitar que no se ejecute la sentencia.
Septiembre, fecha límite A partir de ahora, la Consejería de Sanidad canaria tiene un plazo de dos meses, que es el límite que ha marcado el Tribunal Supremo para ejecutar la sentencia, para manifestar su deseo de llegar al acuerdo económico. Sin embargo, al cierre de esta edición tanto fuentes de la consejería canaria como los representantes legales de Blesa confirmaron a EG que "no ha habido aún acercamiento alguno", ya que ambas partes todavía analizan la sentencia.
En este sentido, el abogado del demandante reconoció la "dificultad" de ejecutar la sentencia, por lo que manifestó a EG el interés de su representado "por alcanzar una solución que no perjudique al resto de sus compañeros". Y es que ambas partes, demandante y Consejería de Sanidad, parecen condenadas a entenderse.
Por un lado, el acuerdo sería beneficioso para Blesa, puesto que de ejecutarse la sentencia él sería uno de los profesionales que deberían echar el cierre a su local. Por otro, para la propia consejería, si no quiere tener que hacer frente a las millonarias indemnizaciones con las que responder al resto de titulares que dejaría de ejercer, que tendría derecho a exigir a la Administración el desembolso de los alquileres (en torno a los 4.000 euros mensuales), pagos por la compra del local e incluso los salarios de los trabajadores (una media de tres empleados por local). Una cifra económica "estratosférica que probablemente ni tendrían liquidez para afrontar", señala Manuel Díaz, presidente de la patronal canaria Fefarcan.
Otra de las vías de solución apuntada por el presidente del COF de Las Palmas, si es que el acuerdo entre partes no fructifica, sería considerar independiente la sentencia respecto al mantenimiento de los locales, ya que "el acto de adjudicación de las farmacias puede considerarse un acto administrativo firme, en cuanto a que no hubo en su día impugnación alguna al mismo".
Asimismo, también apunta otra posible solución: "la de la lógica". Ésta pasaría por mantener las oficinas de farmacia afectadas "para no cometer un atentado contra la atención sanitaria", incide Muñoz, quien recuerda que la mayoría de estos establecimientos se ubican en islas menores y en localidades de escasa presencia de farmacias.
¿Un mapa del siglo XX? Al margen de que las conversaciones entre partes o la solicitud de que no se ejecute la sentencia fructifiquen, los colegios de farmacéuticos canarios alertan de que el cierre de estos establecimientos convertiría el mapa farmacéutico canario en un reflejo "del que tenían las islas a finales del siglo XX". Así, pasarían de las actuales 706 boticas abiertas, según datos del CGCOF, a 623. Respecto al de por sí alto ratio de población autonómico, éste se elevaría de los actuales 2.940 habitantes por farmacia a 3.332, cuando la media nacional se sitúa en 2.192 ciudadanos por botica. |
