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Solución urgente

Tanto CC como PP reconocen que dicha enmienda debe ser vista como una solución urgente ``con la que afrontar la situación excepcional que puede derivarse de la ejecución de la sentencia del Supremo´´. En base a esta consideración, el consejero de presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, denunció la ``deslealtad parlamentaria´´ de la oposición por no percatarse, con su negativa, ``que sobre las farmacias existía un problema jurídico de urgente solución´´.

Por contra, para el Grupo Socialista, esta ``situación excepcional´´ no justifica en ningún caso que la solución ``pase por sacar a la luz una enmienda ilegal, cuyo contenido y objetivo nada tiene que ver con la norma al amparo de la que nace´´, indicó su portavoz parlamentario, Santiago Pérez. Por ello, comunicó la semana pasada que su partido ``ejercerá las actuaciones judiciales precisas´´ contra estas enmiendas ``que camuflan cambios legales profundos´´. La primera será la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). No obstante, tampoco descartan ``llegar hasta el Tribunal Constitucional si es preciso´´, tal y como indicó el representante de los diputados socialistas canarios.

Y es que, desde las filas socialistas se incidió en que sí hubiesen apoyado la tramitación de un proyecto de ley independiente que abordase esta situación, con el cual ``se plasmaría el derecho de todo grupo parlamentario a la participación política´´, ya que la presentación de una enmienda no obliga a su discusión en la Cámara, sino únicamente a su votación.

Un futuro judicializado

Con esta enmienda se reconoció por primera vez que se intenta una solución extrajudicial para abordar la sentencia ratificatoria del TS fallada en junio de 2009, puesto que hasta ahora las actuaciones se habían centrado en la presentación de recursos de casación o solicitudes de inejecución de sentencia a lo dictaminado por el TS (ver EG núm. 450). Sin embargo, con el anuncio de presentación de un nuevo recurso por parte del PSC, el affaire regresará a su cauce natural: los tribunales.

Así, el TSJC se verá obligado nuevamente a dirimir en un conflicto del que ya protagonizó su primera sentencia judicial en 2005, que anulaba el concurso de nuevas aperturas convocado en 2001 (anulación posteriormente ratificada por el TS). Todo indica que, en el supuesto caso que otorgue la razón al demandante, los socialistas canarios, el TSJC obligaría a restituir la situación al estado en el que se encontraba antes de la aprobación de la enmienda.

No obstante, esta institución judicial también podría pronunciarse de forma independiente a la presentación de este recurso, en cuanto a que en su día instó "a la ejecución de la sentencia o a la búsqueda de una solución pactada entre las partes", dos cuestiones a las que ninguna responde la enmienda parlamentaria.

Críticas de los afectados

Depare lo que depare este nuevo proceso judicial, mala entrada ha tenido ya de por sí una medida que no gusta ni a los que pretende beneficiar. Es el caso de los titulares de las farmacias amenazadas de cierre, que no han tenido reparos en calificar esta actuación como ``una chapuza´´. ``Ni compartimos, ni defendemos ni justificamos esta situación caótica (...) que no brinda una opción definitiva para solventar los pleitos pendientes, sino todo lo contrario, ya que generará y potenciará un mayor número de ellos´´, señala un comunicado elaborado por su comisión gestora, que representa al 80 por ciento de ellos.

También se mostraron críticos con el COF de Tenerife, organismo desde el que, por contra, sí se valoró la enmienda como ``una medida responsable que garantiza la continuidad del servicio´´. ``No hemos tenido el apoyo que debe esperarse de un órgano que nos representa´´, dicen los afectados.