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La Consejería de Salud de Asturias ya está elaborando un decreto para la apertura de nuevas oficinas de farmacia que se ajustará a la vigente ley autonómica de 2007, ``así como a las necesidades de una atención farmacéutica de calidad que requieren los ciudadanos´´.

Arcadio Fernández, director general de Planificación y Evaluación de la Consejería, lo anuncia a CF la misma semana en que se ha conocido que la sentencia del Tribunal de la UE respalda el sistema de módulos poblacionales y distancias de la planificación farmacéutica asturiana, aunque declara contrarios a Derecho los criterios discriminatorios que puedan incluir los baremos.

En este sentido, Fernández defiende que el fallo avala un modelo de ordenación basado en la planificación para garantizar una atención a los ciudadanos de calidad, seguridad y accesibilidad, ``modelo por el que se rige el sistema en España y que garantiza una asistencia farmacéutica y un abastecimiento de medicamentos en todos los territorios´´.

Preguntada por la necesidad de abrir más farmacias en núcleos con mayor concentración de habitantes o que, por el contrario, se encuentren alejados de zonas de salud o de las capitales, la Consejería entiende que la Ley 1/2007, que corregía el anulado Decreto 72/01 objeto de la sentencia, ya resuelve estas posibles matizaciones que incluye la sentencia y que juristas han puesto sobre la mesa al referirse a la inactividad de las consejerías a la hora de convocar concursos para abrir nuevas farmacias. De hecho, esta ley baja el ratio de 2.800 a 2.500 habitantes, e incluso recoge que, una vez superada esta proporción, podrá establecerse una nueva botica si se alcanza con el resto de la población una cifra igual o superior a 2.000 habitantes.

Con las distancias ocurre lo mismo, los 250 metros no serán exigibles en las zonas farmacéuticas, concejos, parroquias o núcleos de población de ámbito inferior al concejo con una única oficina de farmacia. Precisamente en estos casos permite abrir farmacia siempre que la población sea superior a 600 habitantes.En el futuro decreto corregirá el asunto de primar la experiencia en el territorio del Principado y, sobre la posibilidad de tener un único baremo en toda España, Fernández sostiene que es ``complejo disponer de un único baremo que se adapte a la norma en cada una de las diecisiete comunidades´´.

Pero, añade, ``sí parece conveniente que los criterios generales que rigen los baremos tengan cierto grado de homogeneidad en todo el territorio nacional´´. Asimismo, se seguirá premiando a los rurales en la medida en que no tienen el mismo acceso a la formación que, a su entender, es la clave de la excelencia profesional.