COFM pide al Gobierno hacer posible la derogación del euro por receta
COFM acata la nueva tasa, pero advierte del peligro que supone para las oficinas madrileñas, amenazadas ya de nuevos despidos y ajustes todavía más severos
Alberto García Romero se reunió ayer por la mañana en rueda de prensa con los medios de comunicación para exponer la postura oficial de COFM ante la nueva tasa de un euro por receta que entrará en vigor el próximo 1 de enero en la Comunidad de Madrid.
Durante su exposición, García Romero se hizo eco de una entrevista concedida por la mañana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a un medio de comunicación generalista. Durante la misma, Rajoy se mostró en claro desacuerdo con la nueva tasa y se comprometió a trabajar con las comunidades donde el euro por receta es o vaya ser de aplicación (Cataluña y próximamente Madrid), para su derogación. Conocida esta opinión por parte del presidente de los farmacéuticos madrileños, la primera reacción de García Romero no pudo ser más que de satisfacción y esperanza.
García Romero expresó en repetidas ocasiones el rechazo de la profesión farmacéutica en Madrid a la nueva tasa por su impacto social, profesional y económico. Tras la reunión celebrada con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, García Romero reconoció que hay un buen clima de diálogo y que, con la reunión que se celebró ayer mismo por la tarde con diferentes representantes de las autoridades sanitarias, es posible que se logren avances. García Romero también comentó los datos aportados por la Consejería de Sanidad según los cuales la recaudación esperada por la tasa del euro por receta podría ascender a 83 millones de euros al año en Madrid, aunque con una caída de las recetas del 10% según COFM. Sin duda, la nueva medida aumentará la carga burocrática en las farmacias, ya crecida suficientemente desde las medidas puestas en aplicación desde julio de este año.
Por su parte, el director general de COFM, Carlos Ibáñez Navarro, se unió a García Romero en la petición de que se implante de manera urgente la receta electrónica en las comunidades autónomas limítrofes a Madrid y en el deseo de que los acuerdos a nivel autonómico y estatal anulen la nueva tasa.
