El sector pide a Montoro medidas que corrijan el sobrecoste del IVA sanitario

Fenin, comunidades y el sector privado solicitan que se tenga en cuenta el impacto de tributar al 21%

La subida del IVA sanitario al tipo general se aplicará casi dos años después de que el Tribunal de la UE dictara sentencia, un tiempo suficiente para que todos los afectados se hayan preparado de cara al nuevo escenario, aunque no palia sus efectos negativos. El encarecimiento en once puntos de diversos productos y tecnologías en un momento de limitaciones presupuestarias sigue manteniendo en vilo a los sectores afectados, que piden al Gobierno que sea consciente de este impacto y adopte medidas que permitan corregir este sobrecoste a partir del 1 de enero de 2015.

El Ejecutivo espera recaudar entre 300 y 400 millones anuales gracias al IVA sanitario, cifra que no se corresponde con las estimaciones de Fenin. La patronal de tecnología sanitaria manejaba un impacto de entre 500 y 600 millones, según Carlos Sisternas, su director en Cataluña. En principio, la postura de Fenin es positiva gracias a los resquicios que deja el anteproyecto para que diversos productos y tratamientos relacionados con la cronicidad y las deficiencias funcionales mantengan el tipo de reducido. La lista es detallada, pero con muchos matices, según Sisternas, de manera que su impacto económico final no se sabrá hasta que no se conozca con certeza qué productos pasan al general o no, algo que puede variar durante la tramitación. Fenin estima que, del total, un 30 ó 35 por ciento de los productos sanitarios se mantendría en el tipo reducido, mientras que el 75 por ciento pasarían a tributar al 21 por ciento.

¿Qué cabe esperar para el 1 de enero? A falta de que se aclare si desde el Gobierno se va a ser receptivo a las demandas del sector, las comunidades autónomas tendrán que asumir las modificaciones del tipo impositivo sin poder repercutirlo. En consecuencia, opina Sisternas, "habrá más presión para la industria cuando los concursos se renueven". No será la única consecuencia para este sector, que ya está afectado por los retrasos en los pagos de las administraciones públicas. Hasta ahora, los mecanismos puestos en marcha han permitido agilizar los periodos de pago, pero si la modificación del tipo impositivo rompe esta tendencia, la situación para el sector empeorará.

Según ha podido saber EG, las demandas del sector en relación a las medidas presupuestarias o de otro tipo que puedan paliar el sobrecoste por el IVA han quedado separadas de la tramitación del anteproyecto. En otras palabras, el Ejecutivo no se opone a estudiar medidas compensatorias, pero cree que la tramitación del anteproyecto no es el camino adecuado. No obstante, si estas compensaciones llegaran al sistema público, la sanidad privada también pide que se articule un plan de retorno. Así lo defiende Carlos Rus, gerente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), que alerta de un impacto del 4,5 por ciento anual para este sector. Los centros sanitarios privados no cobran IVA a sus clientes, pero sí tiene que pagarlo a sus proveedores de productos y servicios. Por ello, la FNCP asegura que, para el material de uso diario, el sobrecoste del IVA se hablaría con los proveedores. La duda está en qué ocurriría en el caso de la tecnología de alto coste. "Igual que se potencia la compra de automóviles debería haber plan para que los medios técnicos sanitarios no quedaran obsoletos por riesgo de no poder acceder a ellos", defiende Rus.

Otra mala noticia para la FNCP, al igual que para el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS, ha sido la ausencia en el anteproyecto de la desgravación por seguros de salud. Sus responsables insisten en que incluirlo favorecería los ahorros en la sanidad pública y haría justicia para con los ciudadanos que cuentan con seguros y cuyo gasto es mayor.

Mas allá del impacto del IVA, la reforma fiscal ha dejado también un temor de recortes por los 7.000 millones de euros que, según las previsiones oficiales, dejarán de ingresarse. La mitad de esa cantidad iría a parar a comunidades y ayuntamientos, y se suma a los 20.000 millones que el conjunto de las administraciones públicas tienen que ahorrar para cumplir el objetivo de déficit de 2015. De momento, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada el Gobierno ofreció a las CCAA 3.900 millones para paliar los efectos de la reforma fiscal.



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