España intenta que la UE acepte su modelo de farmacia

La Comisión Europea cree que la normativa española sobre instalación de farmacias podría vulnerar el artículo 43 del Tratado de Europa.

A grandes rasgos, entiende que el hecho de que exista cierta regulación a la hora de acumular boticas o para establecerse en un determinado territorio podría chocar con el derecho al libre establecimiento que defiende la legislación comunitaria.

Sin embargo, los farmacéuticos»y las organizaciones que los representan? intentan hacer ver a los responsables de la Comisión que las farmacias españolas no son un negocio cualquiera, sino un establecimiento privado de interés público y que cualquier tipo de desregulación salvaje no hará otra cosa que perjudicar al paciente.

En un acto más de defensa del modelo vigente, la asociación Aproafa organizó unas jornadas en Bruselas para que este debate, crucial para el sistema sanitario, haga replantearse su postura a las autoridades comunitarias. Pedro Capilla, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, aseguró que la
Comisión Europea «no tiene un solo argumento jurídico ni profesional» contra el modelo español de farmacia. Capilla expuso en la capital comunitaria que «la sanidad no es un servicio común, sino especial, que
debe estar regulada por los Estados; el medicamento no es una mercancía, sino un bien sanitario, que no se puede promocionar como el»pague dos y lleve tres? que existe en los países liberalizados; y el comprador
no es consumidor, sino paciente».

En las jornadas participaron destacados eurodiputados españoles como Luisa Fernanda Rudi, Gerardo Galeote y Cristina Gutiérrez, del PP; Enrique Barón, del PSOE y Josu Ortuendo, del PNV. Incluso, la propia ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha dejado claro que hay que defender el modelo actual.

Si Bruselas lograse su propósito de acabar con la regulación actual en España, los representantes de los boticarios auguran un perjuicio claro para el paciente. En primer lugar, parece lógico pensar que el que quisiera abrir una nueva oficina de farmacia, probablemente nunca lo haría en un área rural o deprimida desde el punto de vista económico.

En este sentido, se encuentra en peligro uno de los puntos fuertes de las farmacias españolas, el acceso a medicinas en un tiempo récord allá donde se encuentre.
Capilla lo tiene muy claro, «si el sistema funciona y las autoridades españolas han legislado para dar el mejor servicio al ciudadano, ¿por qué cambiarlo?».

Ante quienes argumentan que liberalizar es sinónimo de construir Europa, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos recuerda que España es el país de Europa donde más farmacias se abren: 160 sólo en 2006. «En donde la farmacia está liberalizada no hay tal apertura y me atrevo a decir que tres cuartas partes de éstas están ubicadas en zonas rurales», agregó Capilla.

Tras el debate en la capital comunitaria, en nuestro país cada vez son más las voces que intentan alzarse para evitar decisiones de tanta trascendencia por parte de la UE.
Un estudio presentado el jueves en Madrid por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) revela que en España existe una farmacia por cada 2.135 habitantes gracias a la planificación geográfica y demográfica y al binomio propiedad- titularidad que existe dentro del actual modelo de farmacia.

Por ello, si se modifica cualquiera de estos parámetros de forma unilateral, se generarían cambios «de consecuencias imprevisibles » que pueden desvertebrar el sistema en su conjunto, advirtió la presidenta de FEFE, Isabel Vallejo, quien añadió que«los criterios sanitarios deben
primar por encima de los comerciales?.