Extremadura y Castilla y León defienden el modelo farmacéutico actual

• Luis Alfoso Hernández y Antonio María Sáez rechazan que se modifique el sistema actual a través de un proyecto de ley

Los consejeros de Sanidad de Extremadura y Castilla y León, Luis Alfonso Hernández y Antonio María Sáez, respectivamente, han defendido el actual modelo farmacéutico vigente en España y han rechazado la posibilidad de que un proyecto de ley modifique este sistema. Así lo han precisado en el marco del VIII Foro de la Asociación para la promoción de la asistencia farmacéutica (Aproafa) que se desarrollan en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) bajo el título ‘La farmacia, garantía de acceso al medicamento y al servicio profesional’.

Ambos consejeros han coincidido a la hora de señalar la importancia del modelo tradicional de farmacia tal y como se conoce, sobre todo en comunidades con una peso importante del medio rural. En este sentido, Hernández consideró que este sistema da un ‘magnífico’ resultado de atención y cobertura sanitaria a la población, especialmente en el ámbito rural. Además, resaltó que en Extremadura el modelo de farmacia funciona ‘correctamente’, la cobertura sanitaria es ‘muy buena’ y para eso la comunidad hace ‘un esfuerzo importante’ por mantener puntualmente los pagos a las oficinas de farmacia, que considera una ‘garantía’ para sus sostenimiento en un marco de ‘universalidad’ de la salud pública.

Sáez coincidió con su homólogo extremeño al transmitir la necesidad de mantener un modelo que considera que sitúa al farmacéutico más allá de un mero dispensador de medicamentos sino que refuerza su papel como ‘agente sanitario activo’. A este respecto, ha recordado la colaboración que mantiene la Consejería de Sanidad con los farmacéuticos en diferentes programas como la detección precoz de VIH o la iniciativa que mantiene a casi 900 oficinas conectadas con médicos y enfermeras de Atención Primaria para asesorar a pacientes crónicos polimedicados.

Del mismo modo, se cuestionó por qué se plantean cambios en un modelo que se demuestra que funciona porque garantiza la accesibilidad a los medicamentos y la actividad sanitaria de las farmacias, pero además desde un punto de vista del gasto público una modificación tampoco tendría repercusión.