La Farmacia está a la espera de que se adopten decisiones clave que afectarán a su futuro

• Frenar los intentos liberalizadores o encontrar una solución para el problema de los precios notificados están en el centro del debate

• Los farmacéuticos esperan conocer próximamente la decisión del Tribunal Constitucional sobre asuntos como las subastas o el euro por receta

  El sector farmacéutico vive en un tenso compás de espera, motivado fundamentalmente por las distintas decisiones que deben ser tomadas en este ámbito y que, de una forma u otra, afectarán de manera importante a su futuro. Unas decisiones que, en gran medida, están condicionadas por el entorno económico y que dibujan un horizonte complicado para los distintos agentes de la comunidad del medicamento y para las oficinas de farmacia en particular.

En este sentido, una de las amenazas para las boticas que sobrevuelan el ambiente, y con la que el sector ha convivido desde hace unos cuantos años, es la intención mostrada por parte del Ministerio de Economía de liberalizar el sector a través de la ruptura del binomio que tradicionalmente ha conformado la razón de ser de las boticas españolas: la propiedad-titularidad. En este sentido, desde el sector se llevan a cabo diferentes movimientos para tratar de que la idea recogida en el borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales no cale entre los miembros del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Sobre este particular, desde el sector se espera que el peso de los apoyos recabados a favor de mantener el modelo actual de farmacia, mostrados de manera explícita por parte de diversos representantes del Ministerio de Sanidad, incluida la ministra Ana Mato, y por los distintos responsables sanitarios autonómicos o asociaciones e instituciones, se imponga en el seno del Consejo de Ministros a las intenciones mostradas por el Ministerio de Economía.

Otros asuntos

 Sin embargo, la amenaza de la liberalización del sector no es el único asunto que mantiene en vilo a las oficinas de farmacia españolas. Sobre este particular, el establecimiento del precio notificado en algunos medicamentos, que también llevan otro precio autorizado para su dispensación con cargo al SNS en determinadas indicaciones, es un asunto que preocupa al sector y que necesitan resolver.

Así, la fórmula para compensar a las farmacias de la dispensación con cargo al SNS de medicamentos con precio notificado se está convirtiendo en el centro de la negociación entre industria y farmacia en las últimas semanas. ¿Crear un fondo de compensación? ¿Hacer que la industria compense directamente a las boticas cuando estas acrediten que los productos comprados a precio notificado han sido dispensados con cargo al SNS?

Unas opciones que ni mucho menos satisfacen a los diferentes representantes del sector. Este es el caso del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, desde donde se insiste en señalar que "si los medicamentos son financiados deben tener un precio financiado y los que no, notificado". Y el caso de Cofares, cuyo presidente, Carlos González Bosch, ni siquiera quiere plantear el debate de crear un fondo de compensación. "El precio notificado es para desfinanciados, no procede para medicamentos con cargo al SNS", advierte.

Igualmente, hay otros temas sobre la mesa a la espera de resolverse. Es el caso de la necesidad de que las comunidades normalicen los pagos a las oficinas de farmacia. Un asunto que parece estar en vías de solución en las regiones más afectadas por los mismos, sobre todos la Comunidad Valenciana, y para lo que es necesario que se haga realidad el Fondo de Liquidez Autonómica para 2013.

En relación con este asunto, se pide que el Ministerio de Sanidad ponga una marcha más y abandere la puesta en marcha en todas las comunidades las ayudas a las farmacias con viabilidad económica comprometida (VEC). "En muchas comunidades ya se han dado los primeros pasos, pero hay que ir más allá", precisan desde el sector.

De otro modo, las oficinas de farmacia también están a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva acerca de dos asuntos que les afectan directamente: las subastas andaluzas y el euro por receta en Madrid y Cataluña. Todo ello sin dejar de mirar de reojo la implantación de la receta electrónica, que según el RDL 9/2011, debería estar funcionando en todo el país en 2013.