Mato ataca el euro por receta catalán y pierde contra las subastas andaluzas
- Anuncia el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la tasa catalana
- Andalucía convocará una nueva subasta de medicamentos esta semana
Un conflicto contencioso se cierra y otro se abre. El pasado viernes, el mismo día que la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, anunciaba el levantamiento de la suspensión cautelar contra las subastas de medicamentos, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al recurso del Ejecutivo central contra el euro por receta catalán.
"No sé por qué nos impugnaron como inconstitucional la subasta de fármacos, que es para ahorrar gasto sin recortar derechos. El Tribunal Constitucional nos da la razón", afirmaba en su cuenta Twitter el presidente andaluz, José Antonio Griñán, nada más conocerse la noticia. Montero, por su parte, anunció la convocatoria de la próxima subasta para esta semana, una vez que el tribunal notifique por escrito el levantamiento de la suspensión cautelar. La consejera se felicitó además por el hecho de que el Constitucional haya dado la razón, "por segunda vez" al gobierno regional.
Se abre otro conflicto
Pese a no disponer aún de notificación por parte del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunciaba que el Gobierno "acata esa decisión". Lo hacía tras el Consejo de Ministros que decidió solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición del recurso contra el euro por receta catalán, una decisión que, además, lleva aparejada la petición de suspensión de esta disposición.
Sin embargo, este asunto, unido a la continuidad de las subastas, podría reservar algún revés más para el Gobierno y la ministra de Sanidad, Ana Mato, si la Generalitat procede a abrir la puerta a un nuevo conflicto institucional y legal y se atiene, como ya avisó, a la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Este organismo ya avaló la constitucionalidad de la tasa en marzo.
Preguntada al respecto, Sáez de Santamaría (la ministra de Sanidad no compareció al término del Consejo de Ministros) recordó cuál es el procedimiento a seguir: el Gobierno central recurre y puede solicitar la suspensión de una norma, que es automática, conforme a la Constitución si el tribunal admite ese recurso. "Hablamos de una decisión que todos estamos obligados a respetar. Estarían incumpliendo una decisión jurisdiccional y estarían cometiendo una gran injusticia con los ciudadanos catalanes, a los que se estaría exigiendo el pago de una tasa a la que no tienen derecho. Deberían explicarles muy bien que se les va a aplicar un euro por receta estando esta decisión suspendida por el Tribunal Constitucional", señaló.
El Gobierno, además, hizo el aviso extensible a Madrid, comunidad con la que se seguirá el mismo procedimiento que en Cataluña. Según la vicepresidenta, el mismo viernes la ministra de Sanidad se puso en contacto con el gobierno regional para informarle de la decisión tomada respecto a la tasa catalana. "Este Gobierno procura el máximo diálogo con todas las administraciones. Con Cataluña lo hemos apurado al máximo. Pero si ese dialogo no se logra, cualquiera que sea la administración iremos al Tribunal Constitucional", indicó Sáez de Santamaría.
Potestad del Estado
El recurso contra el euro por receta se ha ejecutado finalmente, de acuerdo con las conclusiones del informe del Consejo de Estado, que indicó que las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en los precios de los medicamentos. Hablamos de coordinación general de sanidad y legislación de productos farmacéuticos, que dan al legislador, según destacó la vicepresidenta del Gobierno, "potestad en materia de regulación de la sanidad, los productos farmacéuticos y las condiciones de igualdad en el acceso a servicios públicos".
