Consejos para comprar y vender Farmacias en España

Actualmente están debatiéndose varias modificaciones en la normativa contable tendentes a la armonización de los criterios contables (N.I.C) , no solo entre los miembros de la Unión, sino también con E.E.U.U. Uno de los puntos tratados, efectivamente, es la amortización de los intangibles, entre los que destaca el fondo de comercio, asunto que se mira con especial cautela después de los últimos escándalos financieros y empresariales americanos.

El resultado final de esta evolución dependerá de la política fiscal que el gobierno pretenda seguir en ese momento, que no necesariamente va en paralelo con la contable, como podemos ver en el caso de la amortización acelerada en la compra de leasing donde, como en otros ejemplos, el tratamiento de la misma herramienta es muy diferente al aplicar la normativa fiscal, respecto del resultado que nos ofrece la técnica contable.

No es posible la llamada»exención? por reinversión de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión de una oficina de farmacia conforme a la normativa común del I.R.P.F. , por lo tanto, cada operación, la venta de la actual y la compra de su nueva oficina de farmacia, son dos operaciones independientes desde un punto de vista fiscal.

En cuanto a la contabilidad, se deberá proceder al cierre de la contabilidad de la actual y a la apertura de una nueva para la que va a adquirir, puesto que las cuentas correspondientes a cada explotación son distintas: clientes, proveedores, existencias finales e iniciales de una u otra… son cuestiones particulares de cada explotación.

Para dar una respuesta precisa a su pregunta vamos a tratar de separar lo que son titulares de prensa más o menos interesados de lo que es propiamente la noticia.

La información que disponemos dice exactamente que «La Comisión Europea elevó ayer a la condición de Dictamen Motivado el cuestionamiento que efectúa de las condiciones fijadas en España para la instalación de farmacias y exigió su adecuación a Derecho comunitario en dos meses, bajo la amenaza de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Nos resulta muy curioso que el mismo día salga la noticia en al menos 7 periódicos españoles con una interpretación exacta y con unos argumentos literalmente replicados. Parece que el mismo periodista ha trabajado en todos los periódicos pero con diferente nombre…

Pero analicémoslo con orden:

Si lo valoramos desde un punto de vista jurídico: ¿Qué es un DICTAMEN MOTIVADO?

La emisión de dichos dictámenes viene recogida en el Artículo 226 del Tratado CE «Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.»

No obstante, el Tribunal de Justicia de la CE en el Asunto C-191/95,( Comisión/Alemania, sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998) señaló que la emisión de un dictamen motivado, se trata de un procedimiento previo que no produce ningún efecto jurídico vinculante frente al destinatario del dictamen motivado. La Comisión no tiene la facultad de determinar de manera definitiva, mediante dictámenes motivados, los derechos y las obligaciones de un Estado miembro, Por consiguiente, el dictamen motivado sólo produce efectos jurídicos en relación con la interposición del recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, mientras que, por lo demás, si el Estado no se atiene a ese dictamen en el plazo señalado, la Comisión está facultada, pero no obligada, a someter el asunto al Tribunal de Justicia.

En cuanto al fondo del asunto, en España tenemos un modelo farmacéutico mediterráneo, alabado por organizaciones gubernamentales y organismos profesionales europeos como contesta el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, siendo «el mejor modelo asistencial farmacéutico al ciudadano?. Esto es cierto y lo podemos afirmar al comprobar, como expresa el Presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Pedro Capilla, que el 99% de la población tiene una farmacia donde vive. Además las restricciones en cuanto a distancias para poner una farmacia son de las más bajas de Europa. Incluso Portugal, cuyo Presidente está actuando por enemistad con representantes del colectivo, está modificando la distancia reduciéndola a ¡ 350 metros ! (Cuando en España estamos en 250 metros). Y si el análisis lo hacemos por población, España tiene el nivel mínimo de Europa con poco más de 2000 habitantes por farmacia, lo que representa la mayor densidad de farmacias de la CE para garantizar el mejor servicio.

Cuando vemos estos datos y el periodista mete en el grupo acusado a «Italia, Austria y España» todavía entendemos menos. ¿Por qué se han dejado por el camino a Francia, Holanda incluso Portugal a pesar de su actual modificación? Y ya no hablemos de Alemania, que tiene similar número de farmacias que España, pero para el doble de población. Sigue siendo curioso que no hablen de ellos.

Leyendo con más detalle el artículo, expresa literalmente «La Comisión cuestiona la prohibición de que las empresas que tienen una actividad de distribución de medicamentos (o están vinculadas a empresas que tienen esa actividad) adquieran una participación en el capital de empresas farmacéuticas privadas o boticas municipales.» Aquí parece expresar con más claridad quién puede tener interés y lo materializa. Al parecer no se trata de que haya más farmacias, ni de ratios de población ni de distancias, sino de que una distribuidora farmacéutica pueda comprar farmacias o boticas municipales, que según mis conocimientos sólo existen en Italia. Ya son demasiadas pistas.

No obstante, una vez visto lo anterior ¿podríamos considerar que no habrá cambios en el futuro?

Pensamos que sí habrá cambios, y fundamentalmente debidos al incremento en el gasto sanitario por el que atraviesan las economías Europeas y que nos llevarán a que los gobiernos actuarán con políticas de contención, y las principales medidas que pensamos que pueden tomar irán en la línea de la reducción de los márgenes de gestión del sector farmacéutico, y en concreto de la oficina de farmacia. Pero esto no es nuevo; es lo que se ha venido aplicando durante los últimos 10 años, período en el que hemos visto reducir el margen en tres ocasiones diferentes, lo que nos ayuda a prever que durante los próximos 10 años nos volverán a tocar los márgenes posiblemente tres veces más. Además este supuesto se hace más factible al comprobar que la farmacia Española todavía tiene un margen en los productos superior a algunos países.

Para compensar esta posible reducción de márgenes también hemos de decir que la farmacia Española es una de las menos «trabajada» desde un punto de vista comercial, lo que nos hace considerar que hay grandes recorridos de mejora en la gestión de las oficinas que compensarán con creces las posibles reducciones con carácter general en el gestión. Para ello las nuevas generaciones de propietarios deberán evolucionar desde la dispensación del medicamento hasta la gestión de una empresa, con lo que eso significa en cuanto a formación.

Por último no debemos olvidar que en España hay un marco regulatorio diferente y muy reciente en cada una de las comunidades autónomas, las cuales tienen capacidad para ello, y además en estos días se encuentra la nueva Ley del Medicamento en la última fase de tramitación ante las Cortes Generales, ley que por otra parte ha sido ampliamente discutida por todas las instancias y que no hace sino ratificar y dar solidez de nuevo al modelo farmacéutico mediterráneo. No sería de extrañar que esta noticia fuera un último empujón para impedir la promulgación de la ley en la fase final.

No hemos entrado a discutir la posibilidad de que llegue a permitirse la propiedad de farmacia a personas o profesionales no farmacéuticos; sin embargo aún considerando que ese factor pudiera introducir algún mínimo elemento de competencia para algunas farmacias de carácter urbano, pensamos que no afectaría en el medio plazo al valor patrimonial del farmacéutico, pues no haría sino aumentar la demanda para ese tipo de negocio.

Esperamos haber podido transmitir con sencillez nuestra visión respecto al futuro de la farmacia y de sus propietarios. De hecho, siempre podemos recurrir a una comparativa con cualquier otro sector, lo cual no hace sino reforzar nuestra visión positiva respecto al mismo.

Sentimos la extensión de la respuesta, pero consideramos que su inquietud bien lo merece.

Alfredo Alonso Quintana

Director General

Farmaconsulting Transacciones , S.L.

La regulación actual de la transmisión de oficinas de farmacia en Asturias se contiene en el Real Decreto 909/1978, completado por la Ley 16/1997, de 25 de abril, ambas normas estatales, sin que hasta que se produzca la aprobación de la Ley de atención y ordenación farmacéutica, la Comunidad autónoma del Principado haya incluido ninguna limitación o requisito adicional a los conocidos de necesidad de autorización administrativa, que la transmisión de la oficina de farmacia sea realizada a favor de otro/s Farmacéutico/s y que ésta haya permanecido abierta al público al menos 3 años, en el caso de que se trate de una primera transmisión. Por tanto, las dificultades que encuentra para adquirir una oficina de farmacia en Asturias se deben a las circunstancias del mercado actual, muy probablemente, debidas a la incertidumbre que produce el cambio legislativo proyectado. No obstante, FARMACONSULTING está siempre atenta a las posibilidades que el mercado ofrece, por lo que no dude en contactar con nuestros asesores, que le informarán de todas las oportunidades en esta o en otras comunidades. De hecho, entendemos que la caducidad de las autorizaciones al cumplir 65 años el titular, o el establecimiento del requisito de que la oficina haya permanecido abierta al público y manteniendo la misma titularidad durante 6 años consecutivos que recoge el nuevo proyecto ha de generar múltiples transmisiones antes y con ocasión de la promulgación de la Ley.

Por otra parte, el Proyecto de Ley de atención y ordenación farmacéutica del Principado de Asturias no incluye prohibición alguna relativa a la dispensación de productos. La prohibición a la que usted se refiere en relación con los productos ópticos, ortopédicos, o catalogados como no farmacéuticos, o la realización de análisis clínicos aparecía recogida en el art. 33 del Anteproyecto de la Ley de Ordenación, que ha sido suprimido en el Proyecto.

La no sujeción a IVA a la que se refiere, exige la concurrencia de tres requisitos, según el artículo 7.1.a) de la L.I.V.A.: que se transmita la totalidad del patrimonio empresarial, que la transmisión se efectúe a favor de un sólo adquirente, y que éste continúe con la actividad. En consecuencia, en el supuesto que nos plantea, siempre y cuando el adquirente continue con la actividad farmacéutica -lo que suponemos-, la transmisión no estará sujeta a IVA.

Esta conclusión no se altera por el hecho de que el titular de la oficina de farmacia tenga en
propiedad un local que no se transmite, si como nos comenta, éste no está afecto a la actividad, y de hecho, está cedido a un tercero en arrendamiento, porque dicho local no forma parte del patrimonio empresarial afecto a la oficina de farmacia.

Los dos miembros de la comunidad de bienes constituída tributarían en IRPF en régimen de atribución de rentas; es decir, las rentas netas obtenidas por la comunidad de bienes derivadas de la explotación de la oficina de farmacia y que tienen la consideración de rendimientos de actividades económicas, se imputarían proporcionalmente a los comuneros, integrándose en la base imponible de cada uno de ellos.

En definitiva, se calcularía el rendimiento neto de la actividad de la farmacia (los cincuenta millones de pesetas que comenta en su consulta, menos el importe de los intereses del préstamo obtenido para la financiación de su adquisición, ya que tales intereses tienen la consideración de gasto deducible), y dicho rendimiento neto se imputaría a cada partícipe en la misma proporción en que éste participe en la comunidad de bienes y en sus resultados. Así, si suponemos que cada comunero participa al 50% en la comunidad de bienes, el rendimiento neto de la farmacia se integraría por partes iguales en la base imponible de IRPF de cada uno de ellos.
La cuota concreta que cada comunero deberá ingresar dependerá la integración y compensación de las distintas rentas obtenidas (rendimientos de trabajo, de capital mobiliario e inmobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales…), de la aplicación de los mínimos personal y familiar, de las reducciones que pudieran proceder y de las escalas y los tipos estatales y autonómicos.

Por lo que usted comenta, parece deducirse que sus posibilidades de ser adjudicatario de una nueva apertura pasan por el hecho de que los farmacéuticos situados en puestos anteriores renuncien a cambio de otras oficinas de farmacia y, en este asunto, nuestra recomendación es que se ponga en contacto con estas personas directamente. Aunque los expedientes y concursos de nuevas aperturas no son especialidad de Farmaconsulting, no nos parece recomendable y, por supuesto, descartaríamos, el hacer conjeturas basadas en este tipo de estadísticas.

En términos generales, son las Leyes de Ordenación Farmacéutica de las distintas comunidades autónomas las que regulan el régimen de incompatibilidades de los propietarios titulares de oficinas de farmacia, por lo que habría que acudir a la concreta normativa autonómica. No obstante, si bien no todas las Leyes de Ordenación Farmacéutica establecen una incompatibilidad expresa entre el ejercicio de la función pública y la titularidad de una oficina de farmacia -como sí establece por ejemplo, la normativa aragonesa-, todas prohiben el ejercicio de cualquier actividad profesional que impida la presencia del farmacéutico en la oficina de farmacia durante el horario normal de atención al público. Por ello, entendemos no sería posible compatibilizar la actividad de guardia civil con la de farmacéutico titular de oficina de farmacia.

En cuanto a la posibilidad de participación en la propiedad de una oficina de farmacia, sin cesar como guardia civil, la legislación civil ofrece distintas posibilidades contractuales a través de las que hacer factible esa intervención en la oficina de farmacia y en el reparto de sus beneficios.

El periodo que un farmacéutico debe esperar para transmitir su oficina de farmacia depende efectivamente, primero de en qué Comunidad Autónoma se encuentra ubicada la farmacia y después de si la farmacia es de nueva apertura o si ya ha sido transmitida anteriormente. En Navarra, debe esperar tres años desde la nueva apertura pero ninguno en una posterior transmisión, En Castilla y León, debe manterner la misma titularidad durante tres años, tanto si la adquirió de nueva apertura como en compraventa, en Andalucía, en estos momentos con legislación en proyecto, se regula por el RD 909/78 y debe esperar tres años desde la apertura y ninguno para una posterior transmisión y Castilla La Mancha debe manterner la misma titularidad durante seis años tanto si la adquirió de nueva apertura como en compraventa, excepto en poblaciones de menos de 500 habitantes donde el plazo se reduce a tres años.

Respecto a la preguna de financiación para la compra de oficina de farmacia le recomendamos que consulte la pregunta publicada en el mes de Febrero de 2005 en esta misma sección y formulada por GM (Madrid).

Efectivamente, Artículo 20 de la Ley, cuyo título es»Caducidad de la autorización?, establece en su punto 1 que las autorizaciones de funcionamiento de oficinas de farmacia caducarán al cumplir el farmacéutico a cuyo nombre se extienda la autorización 70 años de edad. No obstante, en la disposición transitoria única de la Ley de modificación de la Ley de ordenación farmacéutica, se aclara que lo dispuesto en el artículo 20.1 no será de aplicación a los titulares de las oficinas de farmacia autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la aludida ley de modificación hasta que transcurra un plazo de cinco años desde su entrada en vigor.

La Ley de modificación fue publicada el 1 de abril de 2005, de modo que ha de entenderse que, tuviera la edad que tuviera el farmacéutico que fuera titular de la oficina de farmacia antes de esa fecha, dispondrá de cinco años antes de que se pueda producir la caducidad de su licencia.

Por otra parte, se establece en el Art. 24.4, que podrán continuar con la oficina de farmacia el cónyuge o cualquiera de los herederos en primer grado que al tiempo del fallecimiento del titular estén cursando estudios de farmacia, siempre que los finalicen en el plazo de cinco años. Durante este tiempo la oficina de farmacia estará atendida por un farmacéutico regente. Como vemos, este artículo se refiere a las transmisiones Mortis causa. No hay referencias al respecto en cuanto a una jubilación.

En la actualidad, la única posibilidad comúnmente aceptada, es la gestión, en la parte relacionada exclusivamente con los productos denominados de «venta libre», a través de una sociedad. En lo relativo a los medicamentos se exige que todos los aspectos relacionados con la gestión o propiedad corresponda a personas físicas.

A los efectos de la explotación de una oficina de farmacia, pueden utilizar ustedes cualquiera de las dos opciones, sociedad civil, o comunidad de bienes, puesto que son prácticamente lo mismo desde un punto de vista tributario. Podríamos resumir las diferencias en que una sociedad no presupone la existencia de bienes en común – dos abogados se asocian para llevar sus asuntos a medias, por ejemplo-, y la comunidad de bienes sí, de hecho viene a ser un sinónimo de copropiedad. Ahora bien, a efectos fiscales, organizativos y administrativo sanitarios, son prácticamente lo mismo, puesto que, en el ámbito farmacéutico, no tiene personalidad jurídica ninguna de las dos opciones y, por lo tanto, la renta generada en la explotación económica se atribuye a los miembros que la componen, en función de las participaciones que tengan acordadas.

Ahora bien, asesórense por especialistas a la hora de formalizar la constitución, puesto que, tanto una como otra, podrían ocasionar serios gastos por aplicación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su apartado de operaciones societarias, si no se redactan y liquidan ante Hacienda correctamente.

La transmisión de oficina de farmacia a fecha de contestación de esta consulta, marzo de 2006, únicamente está sujeta a la adjudicación por la Administración, conforme a un concurso de méritos, en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, de modo que en su caso depende exclusivamente del acuerdo que se tome entre las partes.

El denominador común de la normativa actual de ordenación farmacéutica, cuando no de toda la normativa de las comunidades autónomas, es el paulatino aumento del intervencionismo en todos los ámbitos y, como usted sospecha, cada vez va a ser más difícil tomar acuerdos libremente entre las partes, de modo que vemos recomendable que tome sus decisiones cuanto antes. Por otro lado, la situación fiscal sabemos claramente que empeorará a partir de enero de 2007, lo cual es otro factor que desaconseja que dejemos pasar el tiempo.

Respecto a la certeza sobre el contenido final de la Ley y al momento de su aprobación, nos tememos que son dos cuestiones que únicamente se conocen, precisamente, en el momento de aprobación, puesto que, hasta el último momento, se pueden ver modificaciones sustanciales.

En nuestra página pueden encontrar varias consultas y artículos en los que se aclara que, al estar sometidos los farmacéuticos al régimen especial del recargo de equivalencia, y siempre que el contrato de compraventa de la oficina de farmacia esté correctamente redactado por un experto, el I.V.A., no tiene por qué influir en el precio final, ya que, de ser aplicable en la operación concreta, el vendedor no tendría que abonarlo a Hacienda, por lo que puede considerarse incluido en el aludido precio final. A efectos de I.V.A., el hecho de adquirir una empresa con o sin empleados es indiferente, de modo que no es importante, desde esta perspectiva, la decisión que tome la empleada.

Cuando se habla de transmisión de oficina de farmacia, recordemos que nos encontramos sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia, de modo que la cuota de I.V.A., que pudiera ser repercutida en la venta no se debe ingresar en Hacienda. A los efectos de I.R.P.F., el I.V.A., repercutido en una venta de farmacia forma, por tanto, parte del valor de transmisión a efectos del cálculo de las ganancias patrimoniales.

Con algunas matizaciones, referentes sobre todo al tipo impositivo aplicable, podemos resumir la situación afirmado que la Ley del I.V.A., es igual en toda España, de modo que en Navarra ocurre lo mismo.

Respecto a I.R.P.F., en Navarra, conforme al texto del artículo 45,2 de la Ley del impuesto, los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos a actividades empresariales o profesionales podrán excluirse de gravamen siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en cualquiera de los elementos antes mencionados en las mismas condiciones establecidas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Entendemos que es indiferente la provincia donde se realice la reinversión, puesto que, por una parte, la norma no dispone esta condición y, en todo caso, la limitación de la exención a la condición de que la reinversión se realizara en el territorio navarro sería, probablemente, ilegal.

La adjudicación la decidirá exclusivamente la Administración. Cualquier pacto privado suscrito entre las partes está legalmente condicionado a lo que se decida en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, cualquier contrato o pacto que tratara de desvirtuar el funcionamiento del sistema comentado, no tendría validez jurídica ni trascendencia de cara a la Administración, ni frente a otros compradores interesados.

A pesar que usted ha resumido notablemente el procedimiento de transmisión, podemos ver con claridad que el proceso que ha de seguirse es, a parte de lo suficientemente complejo como para que lo dirija un equipo experto, largo, puesto que se desarrolla durante varios meses. Así, en el caso de que un vendedor proponga un precio o unas condiciones que el mercado no acepte, se enterará de que no ha tenido éxito en la venta después de transcurridos unos meses desde el inicio del expediente ante el Gobierno Vasco. Una vez que el procedimiento hubiera quedado desierto, tendría que volver a empezar, modificando sus condiciones y, naturalmente, aceptando de nuevo el riesgo de equivocarse; todo ello acompañado de las innumerables molestias que ocasionan las visitas de interesados a la farmacia, solicitud de datos, divulgación de información sobre datos sensibles….

Por otra parte, conforme a la documentación que obra en los expedientes administrativos, se obliga a los compradores a enfrentarse a la que probablemente es la decisión de inversión más importante de su vida, contando con una mínima información sobre la oficina de farmacia y sus circunstancias, escenario que en nada favorece la toma de decisiones para estos compradores y, correlativamente, no facilita la obtención del precio esperado por el vendedor.

Cuando FCT inicia la promoción de una oficina de farmacia en el País Vasco, ha analizado previamente las características de la operación, de modo que los compradores y sus entidades financieras pueden contar con una información suficientemente completa y detallada para tomar semejante decisión. Por otro lado, los compradores y vendedores, saben que se han analizado numerosas variables que añaden una enorme seguridad jurídica a la operación, desde ambas perspectivas y, por último, el vendedor, antes de iniciar el expediente de transmisión en el Gobierno Vasco, sabe el precio que debe proponer, puesto que la promoción de la operación no se termina en Farmaconsulting hasta que un comprador no se compromete a aceptar unas condiciones determinadas.

En el momento de contestación a su consulta, febrero de 2006, no nos constan otros requisitos que estar en posesión del título de licenciado en farmacia, no estar afectado por ninguna de las causas habituales de incompatibilidad con el ejercicio de la actividad de oficina de farmacia y no poseer otra farmacia.

En resumen, podríamos aventurar que lo que realmente supone la aplicación de este concepto es que, de entre los eventuales compradores, candidatos a la adquisición de la oficina de farmacia en cuestión, la Administración elegiría como idóneo a aquel que acreditara tener más o mayores méritos relacionados con el ejercicio de la profesión.

De ningún modo tendría que suponer esa «funcionarización» del ejercicio profesional, es un procedimiento de selección de eventuales compradores.