El DL 2/2013 valenciano apunta al Tribunal Constitucional

• La Defensora del Pueblo inició el proceso de solicitud de inconstitucionalidad

• El recurso final, a expensas de avances de la comisión creada para buscar consenso

Cuando se conoció en marzo la publicación del decreto-ley 2/2013 de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia de la prestación farmacéutica en Comunidad Valenciana, los colegios farmacéuticos y patronales regionales iniciaron la búsqueda de apoyos para recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) ante los "latentes" visos de inscontitucionalidad de la norma y ya que estas entidades no tienen potestad legal para llevar a cabo por sí mismas esta actuación.

En este sentido, una de las partes con capacidad para ello, como es el caso de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, parece haber respondido a este llamamiento al informar a los farmacéuticos regionales que ya se ha iniciado el procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de esta norma en relación a dos cuestiones de su articulado: el cambio de modelo de concertación y la entrega directa a domicilios de medicamentos y productos sanitarios desde centros de salud y hospitales. La decisión de la institución fue adoptada después de que el pasado 8 de abril los tres COF de la Comunidad Valenciana, por medio de su Consejo Autonómico, presentasen una queja en la que denunciaban esa posible inconstitucionalidad del decreto-ley valenciano.

Del mismo modo, cabe recordar que el 7 de mayo pasado, la Generalitat Valenciana aceptó constituir, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una comisión bilateral de cooperación para negociar una reforma del decreto-ley en su integridad. La creación de esta comisión fue notificada al Tribunal Constitucional el 23 de mayo pasado y, con ello, el plazo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda recurrir la inconstitucionalidad de la medida se amplía hasta el 1 de noviembre.

En todo caso, los trabajos de la comisión bilateral deben concluir, a más tardar, el 6 de septiembre de este año. Por este motivo, y a la espera de los resultados que pueda dar dicha comisión, la Defensora del Pueblo valenciano ha decidido no plantear el recurso de inconstitucionalidad, ya que esta decisión podría interferir en la efectividad de los trabajos de la comisión bilateral.

A partir de este momento y "tras el gran resultado conseguido", según precisaron desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, los farmacéuticos de esta comunidad seguirán trabajando con el objetivo de que el decreto-ley sea modificado.

Otras vías

Además de las actuaciones emprendidas por los colegios farmacéuticos valencianos, como es el caso de la presentación de una queja a la Defensora del Pueblo que ahora parece dar sus primeros frutos, otras entidades profesionales también han apostado por abrir a motu propio otras vías.

Por ejemplo, las patronales farmacéuticas de Comunidad Valenciana (Farval, Apefa y Afofc) siguen inmersas en un proceso de recogidas de firmas que enviarán a la ministra de Sanidad, Ana Mato. En la misiva que acompañará estas firmas se pide a Mato que "reconduzca el decreto-ley 2/2013 a un cauce de legalidad", así como recurrir la norma ante el TC si la comisión mixta "no consigue rectificar los artículos inconstitucionales de esta norma por la vía del diálogo".