El PP usa la reforma de la Ley de Garantías para blindar las competencias del Estado en Farmacia

• La oposición utiliza la transposición de las directivas de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsos para intentar anular la reforma sanitaria

• Las enmiedas populares anuncian cambios en la publicidad de OTC, precios notificados, SPR, compras centralizadas y precios notificados

La nueva modificación a la que se va a someter la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos es, definitivamente, mucho más que una mera transposición de las directivas de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsos. Ningún grupo parlamentario del Congreso ha podido evitar la tentación de incluir entre sus enmiendas numerosas peticiones que nada tienen que ver con esas materias, con dos intentos bien diferenciados: la oposición pretende anular la reforma sanitaria, mientras que el PP quiere blindar las "competencias exclusivas" del Estado en materia de Farmacia ante iniciativas autonómicas y clarificar otros asuntos que se han visto afectados por la cascada de cambios regulatorios de los últimos años.

El grupo popular no cita expresamente al euro por receta o las subastas andaluzas, pero éstas medidas, y otras, subyacen en la justificación que emplea en las dos enmiendas que ha presentado para aclarar "la competencia exclusiva del Estado" en la definición de los precios, la autorización de medicamentos y las medidas de equidad en el SNS, de cara a evitar las "desigualdades territoriales e inequidades" en el acceso al a prestación farmacéutica. Ambas enmiendas se hacen necesarias, dice el PP, "teniendo en cuenta los antecedentes de medidas parciales que han tomado algunas comunidades autónomas, que contravienen la distribución competencial establecida en el marco constitucional vigente, y que han dado lugar a la existencia de una alta litigiosidad y a la necesidad de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de España".

La primera de ellas resalta que las medidas autonómicas "no producirán diferencias en las condiciones de acceso" a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el SNS, ni por la vía de los catálogos ni por la de los precios. Además, añade que tales medidas serán "homogéneas" para todo el territorio español y "no producirán distorsiones en el mercado único" de medicamentos y productos sanitarios.

La segunda enmienda del PP pretende evitar otras ‘rebeldías autonómicas’ al incluir que las disposiciones normativas del Gobierno "surtirán efecto en todo el territorio español desde la fecha en que resulten aplicables". Asimismo, explica que "toda modificación del precio de un medicamento o producto sanitario financiado por el SNS surtirá efecto en la misma fecha en todo el territorio" y que el precio industrial de los medicamentos "no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido". Esta modificación ha sido duramente criticada por el portavoz en Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, quien ha cifrado en 1.000 millones de euros el impacto por su efecto sobre las compras de hospitales y centrales de compras de comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta que la filosofía de estas enmiendas se circunscriben en un refuerzo a la puesta en práctica de la reforma sanitaria del Gobierno Central, ambas propuestas avanzan ya el rechazo del grupo mayoritario a las enmiendas de la oposición, que giran en torno a la extensión o universalización de la asistencia sanitaria, cambios en el copago farmacéutico por renta y la validación por ley del euro por receta o la generalización del modelo de subastas a todo el SNS.

Adiós al CPS

En línea con las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo para garantizar la unidad de mercado, el grupo popular también ve necesario modificar la normativa vigente en materia de publicidad dirigida al público de medicamentos sin receta. España es de los pocos países europeos que siguen apostando por la modalidad de control ‘a priori’, a través del control previo sanitario (CPS), mientras que la tendencia general se apoya en el autocontrol o autorregulación, de modo que las autoridades intervienen sólo en caso de fallo de estos mecanismos. Mantener la configuración actual de control ‘a priori’ supone, para el PP, "una carga administrativa innecesaria que es preciso eliminar", máxime cuando la evolución de esta publicidad hacia las redes sociales exigen recursos que "no están al alcance" de la Administración debido a la "coyuntura económica".

Otros cambios se derivarán de las enmiendas del PP. Así, la Ley de Garantías sentará las bases para que las deducciones previstas en el 8/2010 no se apliquen en los productos adquiridos a través de central de compras siempre que los ahorros derivados de ésta sean superiores al 7,5 por ciento. Además, se prevén modificaciones en las reglas de dispensación y, aunque se seguirá premiando a los genéricos, con los biosimilares se observarán las reservas derivadas de su prohibición de sustitución.