Los rurales tienen dudas sobre el concurso andaluz

Sin embargo preguntan qué pasa si su antigua botica no se cubre, como exige la ley

El concurso público de oficinas de farmacia de Andalucía podría tener tintes agridulces de darse una situación nada deseable para aquellos boticarios que ejercen en zonas rurales. Estos, ven ahora la oportunidad de optar a una farmacia mejor situada, pero, sin embargo, la Ley de Farmacia andaluza esconde una cláusula que podría truncar sus expectativas puesto que, según esta norma, la autorización de la nueva oficina de farmacia queda condicionada a que se cubra aquella en la que ese farmacéutico prestaba asistencia hasta el momento.

«El problema que hay es qué ocurre si esa farmacia no la quiere nadie´´, señaló Francisco González, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (Sefar). Esta posibilidad no parece descabellada dadas las circunstancias económicas del momento en general y, en particular, de la farmacia rural. «Según como está la ley, nadie puede asegurar que se vayan a cubrir´´, añadió González.

Un salto cualitativo
Ante esta situación de incertidumbre, los farmacéuticos demandan que la Administración se pronuncie públicamente y diga si tiene previsto un mecanismo de actuación de darse esta situación hipotética. Y es que hay mucho en juego, porque en el listado definitivo del primer concurso de oficinas de farmacia de Andalucía, que recientemente publicó la Consejería de Salud de esta región, hay profesionales que ejercen en pueblos de menos de 300 habitantes.

«Ellos están contentísimos porque es salir de un hoyo, de una situación en la que no ven futuro, a poder conseguir una magnífica farmacia´´, relató el representante de Sefar, que añadió que «el salto cualitativo sería enorme´´ puesto que estos profesionales podrían elegir las mejores farmacias. Esto es así porque de las 312 nuevas farmacias convocadas se ha reservado un 20 por ciento a aquellos titulares de farmacia con más de diez años de permanencia en municipios de menos de mil habitantes, es decir, un total 60.

Según González, cuando se negoció la ley éste fue «un punto novedoso con respecto al resto de España y bastante favorable a la farmacia rural´´. Sin embargo, también se incluyó el artículo 36.2 para que la población a la que dicho farmacéutico prestaba asistencia no quedara desatendida, un punto que ahora podría generar problemas de no cubrirse finalmente estos establecimientos .



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