Ni COF ni CCAA apoyan las sociedades farmacéuticas
Durán-Sindreu señala que «no ha habido voluntad política de impulsar las sociedades en la farmacia y todo ha quedado en nada´´. Afirma que hay experiencias europeas que demuestran que puede coexistir la sociedad y el modelo español de farmacia. Ahora hay que ver si los proyectos europeos de impulsar los servicios profesionales asociados no cambia el panorama.
En España, y hasta dónde este periódico ha podido saber, sólo hay constituidas una decena sociedades profesionales que estén inscritas en los COF para gestionar oficinas de farmacia cuando hace casi cuatro años que la Ley de Sociedades Profesionales (LSP) está en vigor, data de 2007, y dos años después de que los COF hayan modificado sus estatutos para, según la norma, abrir registros para recibir a eventuales sociedades en las farmacias.
CF ha querido hacer un balance de cómo ha funcionado en la farmacia una ley que siempre ha sido polémica en su aplicación a las boticas. Además, la semana próxima el Parlamento europeo debatirá un informe de la Comisión sobre el proceso de liberalización de servicios profesionales del que nace esta ley.
Todas las sociedades inscritas se encuentran en Andalucía, en Córdoba, en Málaga y en Huelva y varias de las inscripciones están recurridas por el propio colegio. En este sentido, Javier Tudela, presidente del COF de Málaga, señala a CF que cuando comiencen a producirse resoluciones judiciales puede cambiar todo. Pero la realidad, afirma a este periódico el jurista Antonio Durán-Sindreu, «es que ni la Administración central, ni las autonomías ni los colegios han hecho nada por impulsar la constitución de sociedades para gestionar las oficinas de farmacia´´.
Sin embargo, sí existen en muchos COF sociedades profesionales para gestionar laboratorios de análisis clínicos, que, al estar sometidos a una regulación distinta que las oficinas de farmacia, no han generado tanta reacción contraria y, además, gozan, constituyéndose en sociedades profesionales, de ventajas fiscales respecto a su situación anterior.
UNA VIEJA POLÉMICA
La historia viene de lejos. Desde el comienzo de la tramitación de la ley hubo rechazo profesional a que una oficina de farmacia pudiera ser gestionada por una sociedad. Entendían los expertos que la norma alteraba el principio de titularidad que asigna cada botica a un farmacéutico. Y una vez aprobada, aunque el Gobierno insistió en que la nueva norma permitía la constitución de sociedades que gestionaran farmacias ya que entendía que si había mayoría de capital farmacéutico y un titular al frente se blindaba el modelo, varias autonomías se negaron a aceptarlo e incluso invitaron a los COF a desobedecer la norma.