Una reforma de la farmacia en Europa no debe ser decidida por los jueces de Luxemburgo

El presidente de los farmacéuticos franceses, Jean Parrot, es uno de los mayores defensores del modelo mediterráneo de farmacia en Europa. Junto a su homólogo español, Pedro Capilla, y el resto de los integrantes de la PGEU, Parrot intenta poner los argumentos suficientes sobre la mesa para que tanto en Bruselas como en Luxemburgo se paren los pies a los intentos liberalizadores.

Pregunta. ¿Qué opina de los últimos acontecimientos que se han producido en el Tribunal de Luxemburgo?

Respuesta. Han ocurrido dos hechos muy relevantes: una sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el suministro de medicamentos en hospitales de Alemania y la opinión del abogado general sobre la autorización de clínicas dentales en Austria. Ambas parecen vislumbrar un cambio en la opinión del Tribunal en relación las sentencias dictadas hasta ahora y parece que su prioridad es ahora la salud pública, por encima de la aplicación estricta de los principios del mercado interior.

P. Dos movimientos muy positivos para los farmacéuticos, ¿no?

R. Marcan, sin duda, una evolución positiva en este contexto de desarrollo de los procedimientos de infracción contra la farmacia. Sin embargo, el propósito de estos casos es diferente de nuestras infracciones, por lo que no nos permite saber a ciencia cierta qué lógica se aplicará en nuestros casos. Eso sí, las conclusiones del abogado general sobre los casos italiano y alemán, que se esperan el 16 de diciembre, deberían darnos una idea más clara de la dirección del Tribunal.

P. ¿La jurisprudencia que creen estos casos será clave para el resto de los países con sus modelos en cuestión?

R. Efectivamente. De hecho, creo que estos estados adaptarán su legislación tras la sentencia, antes de que lleguen sus procedimientos a la fase final. Por este motivo, muchos países se pronunciaron a favor de Italia y Alemania ante el Tribunal. También estamos muy activos acerca de la cuestión de la distribución territorial de las farmacias, aunque esta cuestión todavía no está recogida en el procedimiento contra Francia.

P. La Comisión ha puesto en tela de juicio los modelos farmacéuticos francés, español, italiano, alemán, austriaco… ¿Qué puede esconderse detrás de esta actitud?

R. Se trata de una política de la Comisión Europea que hace hincapié en la aplicación estricta de los principios del mercado interior en relación con la protección de la salud pública. En los Tratados europeos, nos encontramos con el artículo 152, que establece que "la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respeta plenamente responsabilidades de los Estados miembros para la organización y la prestación de servicios Salud y atención médica", y que "un alto nivel de protección de la salud está garantizada en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades". Por otro lado, está el artículo 43, que garantiza la libertad de establecimiento. Es una cuestión de prioridad política.

P. La prioridad política del comisario McCreevy es aplicar el artículo 43.

R. McCreevy quiere liberalizar la farmacia como lo hizo en Irlanda. No estoy seguro de que esta opinión sea compartida por los eurodiputados ni por los Estados miembros. En 2006, el Parlamento y el Consejo decidieron, en contra de la voluntad de la Comisión, excluir los servicios de salud de la directiva sobre los servicios en el mercado interno, teniendo en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio razonable entre los objetivos de Mercado Interior y la salud pública.

P. Una decisión comprensible si se tiene en cuenta que los modelos regulados son mayoría en Europa.

R. En la cuestión específica de la propiedad de las farmacias, Francia y España están lejos de ser aislados. En la actualidad, 13 Estados miembro de la UE imponen restricciones sobre la propiedad de las farmacias. Y en diez de ellos se reserva exclusivamente a los farmacéuticos.

P. Potestad de las leyes nacionales en virtud de la protección de la salud pública, ¿no?

R. Pensamos que se debería incitar a las instituciones europeas a que permitan a cada Estado miembro el ejercicio de su prerrogativa en virtud del artículo 152 del Tratado: organizar sus servicios de salud sobre la base de su historia, su cultura y la evaluación de sus necesidades y prioridades.

P. En este sentido, ¿cuentan ustedes con el apoyo de su Gobierno en este asunto?

R. Nuestro Gobierno ha demostrado hasta ahora pleno apoyo al sistema francés. El apoyo dado por Francia tanto a Alemania como a Italia ante el Tribunal de Justicia se confirmó con la calidad de la exposición de motivos francesa. Además, cuando se presentó el informe Attali, el presidente anunció que no seguiría las recomendaciones que figuran en el informe sobre la farmacia. Es decir, abrir el monopolio de la dispensación, eliminar las normas de la distribución territorial y la propiedad.

P. ¿Su Gobierno trató de negociar con la CE para que el procedimiento de infracción no termine con el Tribunal de Luxemburgo?

R. Es frecuente realizar este tipo de negociaciones para explicar los fundamentos y las características específicas de la legislación francesa.

P. Hablando de la política. Usted dice que es esencial aprovechar la política para defender los intereses de la farmacia. ¿Cómo se utiliza?

R. Creo que esa reforma de la farmacia en Europa no debe ser decidida por los jueces de Luxemburgo, sino que debe ser un debate político en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Ésa es la razón por la que luchamos para que el Parlamento participe en el debate. Por eso, hemos promovido una declaración conjunta de los parlamentarios sobre las profesiones liberales como la de farmacéutico. En lo que respecta al Consejo, hacemos todo lo posible para asegurar que el tema sea abordado bajo la presidencia francesa.