La CNMC propone cambiar el sistema retributivo de mayoristas y farmacias

Dentro de los cambios del sistema retributivo de mayoristas y farmacias plantea márgenes basados en servicios y compartidos con el SNS, y eliminar la obligatoriedad de dispensar al precio más bajo en fármacos prescritos por principio activo.

Cambios en el sistema retributivo de mayoristas y farmacias

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMCha publicado el Estudio sobre la comercialización y distribución mayorista de medicamentos dispensables a través de oficinas de farmacia en España, que estuvo en consulta pública desde el 13 de enero al 12 de febrero de 2021, y que la semana pasada se remitió a dos comisiones del Congreso de los Diputados (la de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la de Sanidad y Consumo) para su conocimiento.

Se trata, así pues, de un documento muy esperado, que recibió 34 respuestas de asociaciones, instituciones públicas, empresas farmacéuticas, distribuidores, académicos, oficinas de farmacia y usuarios, según explicó ya hace un año a este medio Joaquín López Vallés, director del departamento de promoción de la competencia de la CNMC.

Este miércoles, el mismo Vallés ha realizado un briefing informativo en el que ha detallado el estudio, que se centra en los medicamentos de uso humano financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y dispensados a través de las oficinas de farmacia. Como ha señalado, estas propuestas «no son ajenas al Ministerio de Sanidad, que tiene un plan de acción para el fomento de genéricos y biosimilares». De hecho, ha comentado que han trabajado «codo con codo» con ellos, con el objetivo de «dar un pequeño empujoncito a los laboratorios» y «facilitar el cambio». A su vez, ha resumido que el sistema que proponen persigue «incentivar la competencia».

Las principales áreas de análisis son tres:

-Financiación y precio de medicamentos innovadores (con patente).

-Precio y dispensación de medicamentos en competencia (genéricos y biosimilares).

-Retribución de la distribución mayorista y minorista.

En este último punto resurge el tema de compartir con el Sistema Nacional de Salud (SNS) parte de los descuentos que obtienen tanto las farmacias como las distribuidoras por parte de los laboratorios, lo que se denomina sistema de clawback o retorno, y asociarlo a los servicios, no al precio de los medicamentos. Así lo hacen, según ha explicado, países como Reino Unido, donde todas las farmacias comparten un 8% de las rebajas con el sistema nacional de salud, y también lo emplean en Alemania y Grecia, con otros porcentajes.

Plantea más retribución en medicamentos donde es importante el servicio y cuando vayan dirigidos a zonas rurales y despobladas

Esta idea de devolución parcial, no total, de márgenes fue matizada por el economista Félix Lobo en su su informe con recomendaciones respecto al primer borrador del plan de fomento de genéricos y biosimilares, de 2019. Como ha recordado López Vallés, Sanidad ya lo planteó en dicho documento, para lo que se proponía una modificación normativa de la Ley de Garantías de los Medicamentos. La CNMC se ha hecho eco de una estimación de Sanidad de que con los clawbacks o retorno de los márgenes el SNS se ahorraría 800 millones de euros al año.

«En la actualidad la regulación establece un margen que, en la mayoría de los casos, es un porcentaje del precio de venta del medicamento. Este sistema tiene una serie de defectos perversos: el incentivo para los distribuidores mayoristas y oficinas de farmacia es vender el medicamento más caro, porque es el que les asigna un margen superior», sostiene.

Joaquín López Vallés, director del departamento de promoción de la competencia de la CNMC. Foto: CNMC
Joaquín López Vallés, director del departamento de promoción de la competencia de la CNMC. Foto: CNMC

Por eso la CNMC propone que «el margen no esté asociado al precio de venta, sino a la calidad de los servicios prestados. Retribuir más aquellos medicamentos en los cuales es importante el servicio, la seguridad de suministro, la eficacia, la rapidez… o incluso retribuir más la distribución cuando los medicamentos vayan dirigidos a zonas rurales y despobladas y reconocer las especificidades logísticas: no es lo mismo un medicamento que tiene que conservarse en nevera que otro que puede conservarse en el mostrador». También aboga por «retribuir los servicios que prestan las oficinas de farmacia que contribuyan a la salud de la población: orientación a los pacientes…», ha explicado.

El director del departamento de promoción de la competencia de la CNMC ha explicado que «como los precios de venta al público y los márgenes están regulados, la farmacia y el distribuidor mayorista realmente recibe dos márgenes: el regulado y, además, el descuento que ha recibido por pronto pago o volumen».

Plantean, en caso de prescripción por principio activo, la obligatoriedad de que el farmacéutico dispense el medicamento con el precio más bajo, y se sustituya por una dispensación indicada o incentivos a farmacéuticos.

Otro sistema de precios de referencia

Abogan también por modificar el sistema de precios de referencia, definiendo los conjuntos de referencia de forma más amplia para promover la competencia (por indicación y no únicamente por principio activo y vía de administración) y establecer un precio de reembolso máximo, «permitiendo que los laboratorios fijen el precio de venta de manera más flexible».

Quieren la existencia de diferentes precios «que empoderen al paciente» en lo que se denomina copago evitable: «Podrá elegir el medicamento que más le conviene. Si el precio está por encima del precio máximo establecido por el SNS, pagará la diferencia, pero siempre tendrá otro con un precio por debajo». Consideran que de esta forma se pueden lograr rebajas de hasta el 80% del precio original del medicamento.

De hecho, comparando a escala internacional diferencias de precios en medicamentos ya fuera de patente, López Vallés señala que España tiene precios un 20% por encima de la media de la Unión Europea, mientras otros países están por debajo: Dinamarca, un 48% inferior, Suecia un 46% y Países Bajos un 37%.

En relación con el procedimiento de fijación de precios de medicamentos innovadores (con patente), financiados por el SNS, plantean reforzar los informes de posicionamiento terapéutico (IPT). «Hemos detectado que hay poca atención a la evaluación económica de los medicamentos, al análisis coste-beneficio, qué valor aportan al SNS y qué coste tienen», ha indicado López Vallés.

En resumen, ven necesario desarrollar una metodología de evaluación económica, incluir un posicionamiento en terapéutica claro y una mayor transparencia en la elaboración de los IPT.

También consideran vital utilizar las nuevas tecnologías y el big data, que permita «hacer un seguimiento clínico en tiempo real, con datos anonimizados de pacientes, para saber la efectividad y valor terapéutico de los medicamentos protegidos por patente. Debe haber un análisis continuo», para saber si es necesario un cambio en la estrategia de financiación.

En cuanto a los medicamentos genéricos y biosimilares, consideran que «los niveles de competencia son insuficientes» y presenta dos razones: «una, porque no se fomenta suficientemente su utilización, y otra, porque los pacientes son reticentes a cambiar de marca comercial, sobre todo los pacientes crónicos». 

Aparte de demandar una información suficiente a prescriptores y pacientes sobre alternativas al medicamento original, considera que las autoridades sanitarias deberían determinar, sobre todo en el caso de los biosimilares, cuál es sustituible por el original. Para ello reclaman un informe de posicionamiento sobe la intercambiabilidad de los biosimilares.

Ya hubo polémica en 2015

El documento recién presentado es la continuación de otro, publicado en 2015, sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España, que provocó un rechazo prácticamente unánime a su decálogo de propuestas liberalizadoras; este rechazo incluyó también al Ministerio de Sanidad, entonces presidido por Alfonso Alonso (PP).

Dicho informe de 2015, entre otras recomendaciones, proponía «eliminar la reserva de actividad de las oficinas de farmacia en la dispensación», «eliminar la normativa que establece el requisito de que los propietarios y titulares de oficina de farmacia sean exclusivamente titulados en farmacia» y «permitir la venta de medicamentos sujetos a prescripción médica a través de sitios web».

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