Un estudio sugiere poner ‘orden’ en la ordenación farmacéutica
La obra plantea que las aperturas se rijan por criterios de rentabilidad y no de población.
¿Ha llegado la hora de poner orden en la ordenación farmacéutica española? Así lo sugiere la obra “Ordenación farmacéutica y desarrollo económico de las farmacias”, un estudio realizado por Enrique Granda (director del Observatorio del Medicamento de FEFE) y Eduardo Litrán (farmacéutico y especialista en comunicación estratégica por EADA), con la colaboración de la patronal farmacéutica de Canarias Fefarcan y de la empresarial nacional FEFE.
Esta obra, presentada el pasado 2 de marzo en la sede madrileña de Cofares, plantea una “reflexión” sobre el desarrollo de la ordenación farmacéutica en España, a fin de atender a los cambios que ha experimentado el sector desde 1997, fecha de publicación de la ley que regula con carácter básico esta cuestión (si bien las CC.AA han ido desarrollando, dentro de sus potestades y de forma divergente, sus propias regulaciones). El estudio pone de manifiesto que aquella época se caracterizaba por “importantes crecimientos en el mercado farmacéutico unido a la ausencia de deducciones y descuentos”. Nada que ver, recuerda el informe, con la situación en la que se tornó el sector desde entonces, donde la bajada de la rentabilidad de las farmacias y el “desarrollo expansivo” de la apertura de nuevas oficinas de farmacia ha llevado a parte de la red de boticas a la inviabilidad.
Es por ello que la teoría que se formula en este estudio es que los módulos de planificación (distancia y población) deberían haberse adaptado en estas dos últimas décadas a la rentabilidad de las farmacias. La justificación radica en que “las modificaciones a la baja de los módulos, y la apertura de farmacias en municipios de escasa población ocasione un empobrecimiento general que se traduce en peor servicio, y en la necesidad de establecer subvenciones con un coste nada desdeñable para las Administraciones Públicas.
Por todo ello, este documento propone “replantear” la ordenación farmacéutica en función de la rentabilidad actual de las farmacias, a fin de hacerla “menos expansiva”. Con dicho ‘freno’ se evitaría “el incremento de las subvenciones a farmacias, se sostendría el empleo en el sector y contribuiría a mantener el buen servicio a los ciudadanos”.
Propuestas concretas
Este estudio realiza un análisis de los criterios de planificación y ordenación vigentes en las 17 comunidades autónomas para, una vez realizada esta radiografía, plantear propuestas concretas.
De partida, y de posible aplicación a toda la geografía, Enrique Granda se muestra partidario de modificar los módulos de población y elevar a los 2.500 habitantes el umbral mínimo para autorizar nuevas aperturas de oficinas de farmacia. Con una excepción: la posibilidad de que puedan abrirse nuevos establecimientos en cualquier población con más de un millar de residentes que no cuente en la actualidad con una oficina de farmacia.
Asimismo, los autores de este estudio avisan de un factor que no puede pasar desapercibido de cara a decisiones futuras. Es el caso de las previsiones de reducción de población. Para adelantarse a esta situación, se recomienda “limitar la apertura de nuevas farmacias en poblaciones que ya cuenten con una oferta suficiente (…) o bien limitar también las nuevas aperturas especialmente en aquellas regiones en las que se haya producido una mayor caída de la facturación”.
En el caso de Navarra —que a diferencia del resto de CC.AA cuenta con un modelo de planificación de mínimos— el estudio anima a una modificación de su Ley Foral para que solo puedan abrirse nuevas farmacias en municipios con población superior a los mil habitantes.
