La excusa de la 'baja utilidad terapéutica' empañó el objetivo del tercer 'medicamentazo' del SNS

• El Consejo Interterritorial anunció para el 1 de agosto la desfinanciación de 426 fármacos para ahorrar 458 millones de euros
• Anefp recibe la noticia con esperanza y explica que no hay riesgo de subidas descontroladas de precio ya que el mercado se autocontrola

Ángeles Amador fue la primera, en 1993. Le siguió José Manuel Romay Beccaría, en 1998. En agosto de 2012, Ana Mato materializará el tercer medicamentazo del SNS. Los dos primeros se tomaron en unas circunstancias claras, con el objetivo de frenar un gasto farmacéutico desbocado. No es el caso actual. Con la factura en crecimientos negativos ininterrumpidos, el Ministerio de Sanidad esgrimió un argumento que hizo un flaco favor a la defensa de la desfinanciación: tratar de sacar de la cobertura medicamentos "de baja utilidad terapéutica" y vincularla directamente con la incorporación al sistema de "los tratamientos de última generación necesarios para hacer frente a las enfermedades más graves e invalidantes". Utilizar el término "síntoma menor" le habría evitado al ministerio muchas críticas.

Eso sí, la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) puede marcar en los anales de su historia el Consejo Interterritorial de la semana pasada, y su director general, Rafael García Gutiérrez, puede enmarcarlo casi como un logro personal. Lleva años proclamando la necesidad de "liberar recursos" del sistema hacia patologías graves. La diferencia terminológica es clave. "No se pueden confundir síndromes con medicamentos. No hay medicamentos leves. Si lo fueran, el ministerio nunca los habría autorizado", explica.

Algo similar a una frase que el consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa, acuñó en el Consejo Interterritorial: "Ya no es tan importante como antes que los españoles tengan diarreas o estreñimiento". Tampoco su homóloga andaluza, María Jesús Montero, entendió que la exclusión de fármacos para síntomas menores se haga "en confrontación con la inclusión de otros innovadores".

De no venir precedida y acompañada por las actuaciones del Real Decreto-ley 16/2012, la decisión de sacar de la financiación 426 fármacos para ahorrar 458 millones de euros sería, sin duda, la decisión sanitaria más polémica del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Tiene a las comunidades divididas, con País Vasco, Asturias y Andalucía -que acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional recurso contra el Real Decreto-ley 16/2012- en contra. Muchos de sus argumentos están también entre los detractores de esta iniciativa en el sector: los médicos. La ministra de Sanidad intentó solucionar algunas de las dudas al asegurar que los fármacos afectados "se puede y se deben seguir recetando", que habrá exenciones para pacientes crónicos o con necesidades médicas concretas, y que el ministerio controlará que no se produzca una excesiva subida de los precios.

Un control que para García Gutiérrez no será necesario, ya que el propio mercado "realiza ese control" y en ocasiones anteriores con amplias desfinanciaciones "no se han producido subidas de precio significativas". No obstante, mientras que no se establezca el mecanismo de fijación de precio para los medicamentos no financiados, este seguirá siendo libre.

Otra duda que permanece abierta es la confirmación oficial de las presentaciones de medicamentos que se verán finalmente afectados. Sanidad asegura que el listado de fármacos se elaboró en los grupos de trabajo técnicos a propuesta de las comunidades autónomas, e incluye aquellos grupos en los que han coincidido al menos tres regiones. No obstante, las autonomías críticas reprocharon al ministerio el haber entrado y salido de la reunión sin el listado final. Cataluña ya dijo en este sentido que la desfinanciación podría resultar positiva si sólo afectaba a los medicamentos que no demuestran su coste-efectividad, ya que de lo contrario podría resultar lesiva para la industria farmacéutica.

La cuenta atrás no permite dilaciones: en el plazo de un mes se debe aprobar el procedimiento administrativo, con sus correspondientes alegaciones y, posteriormente, el Ministerio de Sanidad debería dar facilidades para el switch a sin receta de las presentaciones que lo soliciten. Otro Interterritorial más de ahorros en Farmacia Hasta 30 puntos tenía el orden del día del Consejo Interterritorial. Pero una vez más, lo más destacado apenas tiene cabida fuera del ahorro en Farmacia. Además de los 458 millones de euros que ahorrará el medicamentazo, Ana Mato anunció un ahorro de 550 millones por el nuevo sistema de participación del usuario en farmacia, junto a la actualización del IPC de los fármacos de aportación reducida y otro de 1.189 millones por la aplicación del sistema de revisión mensual y trimestral de los precios: 2.200 millones en total.

Especial interés cobró el debate del copago farmacéutico: por un lado, se acordó que el reembolso a los pensionistas se efectúe en un plazo de entre tres y seis meses. Por otro, se radicalizaron aún más las posturas entre el Gobierno y las comunidades beligerantes con el RDL 16/2012. Sanidad insiste en que las comunidades deben aplicarlo por ley, aunque esperará a evaluar el decreto que exime al País Vasco. Ahora, Rafael Bengoa anunció que podría no aplicar el medicamentazo. El RDL le da cobertura, siempre que sus cuentas estén saneadas. No sería la primera vez que una comunidad se salta esta disciplina. Tras anunciar José Manuel Romay su desfinanciación, Navarra y Andalucía dijeron que seguirían subvencionando los 834 fármacos afectados. Años después, las tensiones presupuestarias obligaron a ambas regiones a dar marcha atrás.