La Farmacia espera su turno en el Tribunal Constitucional

• Media docena de recursos contra normativas farmacéuticas siguen sin resolverse

• En tribunales nacionales y autonómicos, el caos crece: concursos, precios, convenio…

Dos salas, Primera y Segunda, componen el organigrama del Tribunal Constitucional. Pero, a tenor de los numerosos asuntos relacionados con el sector farmacéutico que se acumulan en esta institución, bien podría resultar acertado reestructurar su composición para dar cabida a una nueva sala: la Sala Farmacia. Quizá así se acelerase la resolución de algunos de estos recursos que, en algunos casos, llevan más de un lustro en los despachos de los magistrados de este tribunal, como es el caso de la cuestión de inconstitucionalidad presentada en 2006 contra el RDL 5/2000.

Más novedosos son otros asuntos también pendientes de resolución. En este grupo se incluyen el recurso de inconstitucionalidad que desde los primeros meses de 2013 pesa desde sobre el ‘euro por receta’ catalán y madrileño, así como los diversos recursos presentados por el Gobierno central contra cada una de las resoluciones que amparan las subastas andaluzas. A ellos puede unirse próximamente un recurso contra el Decreto-Ley 2/2013 de medidas en Farmacia aprobado recientemente en Comunidad Valenciana, si cualquiera de las partes con capacidad para presentarlo (Gobierno central, 50 senadores o diputados o Defensor del Pueblo) deciden dar un paso que ya han solicitado los colegios farmacéuticos valencianos.

Todas estas medidas que han propiciado sus respectivos recursos ante Tribunal Constitucional tienen un denominador común: ponen en jaque pilares fundamentales para el ejercicio de la profesión. Y lo hacen en el ámbito competencial, euro por receta y subastas andaluzas; profesional, como la dispensación en centros de salud que permite el decreto valenciano; y económico, como el cúmulo de aportaciones realizadas por las farmacias como consecuencia del RDL 5/2000 y sus actualizaciones.

Precisamente, por la importancia de estas cuestiones en el día a día de los farmacéuticos, el sector reclama celeridad en su resolución. "Son asuntos que afectan a la ciudadanía, lo cual es suficiente motivo para acelerar las decisiones", considera como sentir general Javier Tudela, presidente del COF de Málaga, además de recordar el peligro que supone "dar sensación de que estos problemas se dejan pasar en el tiempo".

RDL 5/2000, ejemplo añejo

Si hay un ejemplo elocuente de estancamiento en el Tribunal Constitucional, ese es el RDL 5/2000, sobre el que pesa desde 2006 una cuestión de inconstitucionalidad. Hoy en día nadie se atreve a aventurar una fecha para conocer el pronunciamiento sobre la legalidad de esta norma que, desde 2000, obliga a las farmacias a realizar aportaciones económicas directas en función de su facturación mensual.

El ‘mordisco’ que ha supuesto este decreto y sus posteriores actualizaciones para las farmacias nacionales supera ya los 4.000 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 4 por ciento de sus facturaciones anuales.

¿Qué pasaría si las deducciones fuesen inconstitucionales? En este caso, las farmacias podrían reclamar al Estado todas las cantidades aportadas durante 13 años. La teoría dice que supondría "la ruina para el Estado", recalca Tudela. La práctica dice que mientras no se produce dicho pronunciamiento, las deducciones se mantienen vigentes y, por ende, la cuantía se eleva mes a mes.

Por fortuna para el sector, no hay posibilidad de que la resolución del resto de asuntos relacionados con la Farmacia que se acumulan en el Tribunal Constitucional se vaya a demorar tantos años. Por ejemplo, la inmediata suspensión cautelar del euro por receta madrileño y de las primeras subastas andaluzas que conllevó la admisión a trámite de sus respectivos recursos de inconstitucionalidad también implica que este tribunal deberá pronunciarse sobre si levanta la misma en un plazo máximo de cinco meses, a menos que el mismo sea prorrogado por otro periodo similar.

Por otro lado, si se fija la mirada en otros niveles judiciales, el abanico de litigios pendientes de resolver que salpican directa o indirectamente a la farmacia es todavía mayor. Leyes de ordenación farmacéutica, concursos de méritos, precios de referencia, dobles precios o convenio colectivo son alguno de esos asuntos que circulan por tribunales nacionales y autonómicos. Mientras tanto, la profesión continúa su camino. Eso sí, sin poder conocer cuán firme es el suelo donde pisa.