Las farmacias consideran un ataque el decreto del Consell y recurrirán a la vía judicial
La presidenta del colegio de Valencia asegura que la Conselleria de Sanidad «se ha extralimitado en sus competencias
Jornada de reuniones para tratar de parar el avance del Decreto Ley sobre la dispensación de medicamentos que hoy llegará a las Corts. Los farmacéuticos se reunieron ayer con los portavoces de los partidos políticos y los empresarios del ámbito de la distribución acudieron a un encuentro con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart.
Unos y otros están en contra del decreto que avanza hacia los conciertos individuales y abre la puerta a la dispensación directa en residencias, centros de salud y hospitales. Para mostrar este descontento no descartan dirigirse al Gobierno a fin de que interponga recurso de inconstitucionalidad. Ello sin considerar las demás vías posibles para llegar al más alto tribunal, el Defensor del Pueblo, diputados o senadores.
Vicente Payá, presidente de la empresarial farmacéutica Farval, insistió en considerar «inconstitucional» la decisión del Consell. Pero, además, apuntó que con la vía de la concertación individual que se abre ahora, lo que la Generalitat persigue «es que no se pueda producir una situación del estilo de una huelga».
María Teresa Guardiola, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, fue muy contundente tras reunirse con representantes de todos los partidos políticos, también del PP, representados en las Corts. En su opinión el decreto es «un ataque en toda regla a os colegios, pero también a los ciudadanos. La concertación individual llevará a situaciones desiguales, mientras que con el modelo actual estamos cumpliendo con un derecho constitucional, el derecho al medicamento».
Guardiola destacó que esperarán a conocer qué sucede hoy en las Corts en torno al Decreto Ley. No descartó que si el Consell mantiene sus pretensiones podrían «en un primer momento dirigirse al Gobierno, en segundo lugar al Defensor del Pueblo y luego a los diputados, que son los que tienen capacidad para presentar recurso de inconstitucionalidad».
En su opinión las autoridades autonómicas «se han extralimitado en sus competencias tomando algunas que son del Estado». María Teresa Guardiola apunta que «han entrado en competencias» del Gobierno en las cuestiones relativas al «suministro directo de medicamentos y en el de enfermos crónicos».
El presidente de Farval, que asistió ayer a una reunión con Llombart, explicó que trasladaron al conseller que consideran «inconstitucional» el Decreto Ley, pero obtuvieron como respuesta que los informes de los servicios jurídicos de la Generalitat «han dado el visto bueno».
Pero esta consideración no satisface a los empresarios de la distribución que, como los farmacéuticos, no descartan iniciar el camino hacia el Tribunal Consitucional. El primer paso, tal como explicó Payá, será exponer la situación al Gobierno para intentar que sea el Ejecutivo quien considere la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad.
El Sindicato Libre de Farmacéuticos también dio a conocer su opinión, que trasladó a los disputados de los distintos grupos. La formación considera que el Decreto Ley «perjudica a los usuarios de la sanidad pública al mermarles la asistencia farmacéutica más allá de las disposiciones estatales».
Las Corts reciben hoy el Decreto Ley aprobado por el Consell. Contempla la ampliación de la dispensación de fármacos en residencias, hospitales y centros de salud. Es la misma norma que abre la puerta a que la administración autonómica pueda buscar salidas de financiación directa para las farmacias. Esta alternativa podría suponer que la administración abone la factura a las farmacias pequeñas, con baja rentabilidad, sin tener que pasar por el Colegio de Farmacéuticos.
Hoy se decidirá el futuro de esas medidas, que como ha podido saber LAS PROVINCIAS, en lo que hace referencia a la dispensación directa de productos farmacéuticos podría ser estudiado por otras comunidades autónomas para su posible aplicación.
