Los pacientes avisan de que las oficinas de farmacia serán "supermercados" si se liberaliza el modelo
- La Alianza General de Pacientes (AGP) considera que no se deben anteponer los intereses económicos a los intereses públicos
- Los pacientes denuncian que la liberalización propuesta por el Ministerio de Economía pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud
El rechazo de los pacientes a los planes liberalizadores del modelo farmacéutico planteados por el Ministerio de Economía es prácticamente unánime. No comparten un modelo que "antepone los intereses empresariales a los públicos" y que no hace más que "desactivar un modelo que lleva funcionando en nuestro país muchos años con resultados más positivos que negativos para los pacientes". Así de tajante se ha mostrado la Alianza General de Pacientes (AGP), cuyo presidente, Alejandro Toledo, insiste en que el Ministerio de Economía no hace más que "priorizar a los mercados", al tiempo que considera esta medida como "todo un retroceso que no tiene ningún sentido".
Para el presidente de la AGP, "la reforma planteada permitiría la apertura de nuevas farmacias por parte de grandes cadenas y franquicias, al amparar la desvinculación entre la titularidad y propiedad de una farmacia, con lo que se concede la apertura de este negocio a cualquier persona o empresa".
Sobre este particular, desde la AGP se resalta que el modelo español actual permite que el 99 por ciento de la población disponga de una oficina de farmacia cerca de su lugar de residencia, ya sea de tipo rural, urbano, o turístico, "garantizando el acceso en condiciones de igualdad al mismo medicamento con el mismo precio a lo largo de toda España". Para Toledo, esto hace que en muchas poblaciones el farmacéutico sea el único profesional sanitario presente, representando un hecho que ha contribuido a que la Organización Mundial de la Salud (OMC) considere al sistema sanitario español uno de los mejores del mundo, por encima de otros modelos liberalizados.
No a los supermercados
"No queremos supermercados de productos farmacéuticos". Así de contundente se mostró, por su parte, Roswitha Britz, presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma). Y es que, según opina, "el modelo actual es correcto", aunque, eso sí, tal y como apunta, "como todas las cosas necesita actualizaciones, pero no rupturas irreversibles".
En este sentido, Britz está convencida de que las grandes empresas de distribución, "acostumbradas a operar en situación de integración vertical, están presionando enormemente a los gobiernos para liberalizar y entrar en el mercado, poniendo cadenas de farmacia en las zonas que les pueden ser más rentable", algo que, considera, "es un atentado contra los derechos".
Por su parte, para Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Anticoagulados (Feasan), "salud y beneficios económicos no son un buen binomio". Por ello, no imagina "un modelo en el que quien te informa y te dispensa de forma adecuada tus medicamentos no sea un farmacéutico". Además, se pregunta si el nuevo modelo garantizaría la adherencia al tratamiento y la seguridad al paciente, y si el Ministerio de Economía conoce el coste que esto podría suponer. "Este proyecto de ley es un ataque directo a la calidad del SNS y un suma y sigue a esta serie de despropósitos contra la sanidad y contra los pacientes de este país", explica.
Tampoco aprueba esta propuesta la Asociación Española contra la Osteoporosis (Aecos). "La liberalización favorecerá a las multinacionales, no al farmacéutico, que ayuda, y mucho, a los pacientes con las dudas de su medicación", dice su presidenta, Carmen Sánchez, quien solo ve "intereses económicos" en esta iniciativa.
Eso sí, esta postura no es unánime. Desde la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) creen que el modelo está "obsoleto" y su cambio "favorecería a todos". Según su presidente, Ángel Cabrera, "al crearse una mayor competencia se ofrecerá un servicio mejor y más cercano al ciudadano".
